El esfuerzo realizado en Valencia desde el Centro de Atención a la Inmigración (CAI) se coloca a la vanguardia en la prestación de ayuda humanitaria hacia el pueblo ucraniano
Miguel Casanova / Altaveu #6 2023
Un año de la guerra en Ucrania. Un año desde ese 24 de febrero en el que estalló el conflicto bélico y los ucranianos comenzaron a convivir con bombardeos, disparos y el temor a ser ocupados por los rusos. Un año en el que niños y niñas llevan creciendo en un entorno hostil, con peligro de sufrir daños físicos y trastornos emocionales y psicológicos para el resto de sus vidas. Un año en el que muchos de los padres de esos niños y niñas se han visto forzados a ir a una contienda que no da tregua. Y un año, en el que familias enteras siguen lidiando con la falta de alimentos y los continuos cortes de energía que impiden alumbrar y calentar sus casas durante el frío invierno ucraniano. Durante las primeras y tensas horas del pasado 24 de febrero, todo el planeta se dio de bruces con la confirmación de sus peores presagios. La magnitud del conflicto provocó una huida inmediata de desbandadas de civiles y puso a prueba la capacidad de acogida de Europa. La noticia sacudió el corazón de millones de personas que, desde el mismo momento del inicio de la guerra, crearon una cadena solidaria que todavía hoy perdura y estrecha lazos entre la Comunidad Valenciana y Ucrania.
En relación a su población, la Comunidad Valenciana ha sido la región española que mayor número de refugiados ucranianos ha acogido en nuestro país. Entre Castellón, Valencia y Alicante se han concedido cerca de treinta y nueve mil protecciones temporales a desplazados de Ucrania, que conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de 16 años, también el de trabajo. Lo saben muy bien desde la Fundación Amigó, que gestiona tres albergues dependientes del Centro de Atención a la Inmigración del Ayuntamiento de Valencia (CAI). Desde el 3 de marzo pasado abrieron una media de entre cien y ciento cincuenta plazas en Alaquàs y ochenta plazas tanto en Benimàmet como en Cheste. A eso se añaden, de forma puntual y en las semanas de mayor aluvión migratorio, albergues de acogida más pequeños, como los de El Saler, Burjassot, Cullera, Rocafort o Paterna. En los últimos once meses, más de diez mil refugiados ucranianos han sido atendidos y cinco mil han sido alojados por el Servicio de Primera Acogida de Inmigrantes (SPAI), un recurso municipal de la ciudad de Valencia que tiene como finalidad proveer de servicios básicos a este tipo de población extranjera en situación de emergencia. La prestación de alojamiento seguro se complementa, además, con la manutención, cobertura sanitaria, ayudas para la búsqueda de empleo y vivienda, así como asesoramiento jurídico, lingüístico, inserción social y proyectos de interculturalidad específicos para refugiados ucranianos. María José Iranzo, Jefa del Servicio de Cooperación e Inmigración del Ayuntamiento de València destaca, además, la importancia de escolarizar a los menores ucranianos que han llegado a la ciudad y han visto interrumpida su educación escolar: hasta finales de 2022 cerca de trece mil niños se matricularon en el sistema educativo valenciano. Para cubrir esta y otras facetas de este perfil migratorio se ha duplicado el presupuesto inicial de cinco millones de euros del que disponía el CAI, órgano consistorial que engloba al servicio de acogida directa o SPAI. Con él, no solo buscan cubrir las necesidades básicas de esta población, sino que brindan un tejido con el que estas personas puedan crear su propia red y salir adelante por sí mismas. Ni siquiera durante el conflicto en Crimea, que empezó a ser mucho más notorio en 2014, se habían enfrentado a una afluencia de tal envergadura, ya que, desde entonces hasta primeros de marzo de 2022, asegura María José Iranzo, “llegaba aproximadamente una familia ucraniana al mes”.
Los días pasan y el conflicto continúa sin resolverse, incentivando una crisis humanitaria sin precedentes. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con otras guerras durante esta última década, como las acaecidas en Siria o Yemen, en esta ocasión la respuesta en la Comunidad Valenciana estuvo a la altura, y con creces. La invasión rusa en Ucrania no ha dado tiempo al mundo para reponerse del todo de una pandemia que, desde entonces, ha quedado en segundo plano. Una consecución de crisis (en plural) que ha obligado tanto a organizaciones sociales como a la administración pública a mantener más activos que nunca sus programas de ayudas. Pareciera que este último conflicto quedaba lejano y que con algo de suerte no se dejaría sentir demasiado a este lado de la costa mediterránea. Nada más lejos de la realidad.
